Carlos Reggiardo y Domingo Daniel Rossi. (Foto: ANÁLISIS)
De ANÁLISIS
El juicio oral a Domingo Daniel Rossi y otros exfuncionarios de una de sus gestiones municipales de Santa Elena, por presuntos sobreprecios en cuadras de asfalto, viene postergado. Hubo una primera fecha de inicio, el 11 de marzo pasado, pero a poco de comenzar se suspendió por problemas de salud de uno de los imputados, Adolfo Zenón Ortiz. El tribunal dio intervención a un médico forense para realizar un informe pericial sobre el estado de situación. Entonces, se convino postergar el inicio del juicio por siete días. La OGA reorganizó las audiencias y fijó fecha. Pero hubo un planteo de la defensa porque el informe diagnóstico no se había concluido. El Tribunal requirió al defensor que presente el informe médico y el diagnóstico por imágenes, para que luego sean evaluados por el médico forense. Este viernes 26 de abril se iba a tratar y resolver la cuestión de salud. Pero el motivo de la audiencia cambió.
Lo que ocurrirá sólo es el tratamiento de la recusación que planteó el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo. Es decir, buena parte de los funcionarios judiciales deberán viajar de Paraná a La Paz sólo para tratar el planteo defensivo de Rossi contra Piérola. Ocurre que Reggiardo denunció al fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento, organismo que preside la propia esposa de Rossi, la senadora Patricia Díaz.
Luego de resuelta la recusación, recién ahí la OGA fijará un nuevo cronograma para tratar la cuestión de salud de Ortiz y comenzar con el debate. De este modo, hace más de un mes que se intenta comenzar con un juicio pero la interposición de planteos defensivos viene demorando los plazos.
Por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) hay 18 testigos citados para las audiencias, quienes están sufriendo desgaste por los actos dilatorios.
“Atento la presentación efectuada por el Dr Carlos Guillermo Reggiardo, y a los fines aclaratorios, hágase saber al mencionado profesional y a las demás partes intervinientes, que se ha supeditado la nueva fijación del cronograma de audiencia para: ‘dar tratamiento a la incidencia planteada en relación al imputado Adolfo Zenón Ortiz y al inicio del contradictorio’, a la culminación del trámite recusatorio del representante del Ministerio Público Fiscal, consecuentemente, una vez finalizado el mismo, se hará saber el inicio del nuevo cronograma a los fines referidos; el cual queda, por el momento, SIN EFECTO”. Así se comunicó de la OGA a las partes este miércoles 24 de abril.
Causa
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) por presuntos sobreprecios en cuadras de asfalto de Santa Elena comenzó en 2016 y se elevó a juicio en 2020. Cuatro años después, el debate sigue en veremos.
Los fiscales asignados para llevar adelante la acusación pública son Santiago Alfieri y Álvaro Piérola. Los jueces que conforman el Tribunal que deberá controlar la legalidad del contradictorio y resolver la discusión son Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio.
Los imputados son Rossi en su rol de intendente de Santa Elena, Ortiz como exresponsable técnico del programa Más Cerca; Carlos Roberto Méndez como exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena; y María Inés Martínez como contadora municipal. En tanto, durante la sustanciación de la investigación falleció el ingeniero Rubén Clivio Benítez que también estaba imputado.
Los delitos que se acusan son peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. A Rossi lo acusan como autor y al resto de los imputados como partícipes necesarios.
Durante la investigación también estuvo imputado el empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech (padre de Néstor Iván), y el ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano. Los dos consiguieron una suspensión de juicio a prueba o probation en 2022, como ha ocurrido en la mayoría de las causas por corrupción en la provincia de Entre Ríos. Los empresarios resuelven las imputaciones con probation y multas.
El supuesto sobreprecio en 20 cuadras de asfalto fue denunciado por el cuñado de Rossi, Silvio Moreyra, que fue intendente de Santa Elena entre 2015 y 2019. Moreyra efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet, ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
En la remisión de la causa a juicio, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi el municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En paralelo a la causa penal también hubo una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados -entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de resarcimiento por el perjuicio económico al Estado municipal. Pero ese pleito se superó durante la siguiente gestión de Rossi: la demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.
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