Como en el caso de Chocolate Rigau, en La Plata, todo comenzó con un policía que detectó a personas sacando dinero con varias tarjetas en un cajero automático, a una cuadra del Congreso Nacional. Se estima que se habrían beneficiado con las sumas de $3.000.000.

“Mirá que así como la ingresó en el plan, la saca”. La advertencia salió del teléfono de “Jota” hacia K., una beneficiaria de un plan social que, al parecer, no cumplía con las condiciones para mantenerla activa en el programa Argentina Trabaja. ¿Cuáles eran las condiciones? Entregar la mitad de lo que cobraba, ir a las marchas y traer más interesados. Así se desprende del fallo al que accedió Infobae que dictó la jueza en lo criminal y correccional Alejandra Provítola, cuando procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. Uno de ellos es empleado del Gobierno bonaerense, dirigía a la Sociedad de Fomento “San Pedro”, en Berazategui, y está ligado a “Barrios de Pie”. Ahora falta saber quiénes lideraban esa banda.

Lo curioso es que esta historia tiene un origen similar al de Julio Chocolate Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos. La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.

Pero lo que investigó la jueza Provítola y la fiscal Marcela Sánchez comenzó mucho antes, en 2019, y pone el foco en el dinero de las organizaciones sociales.

En este caso, los acusados son José “Jota” Roberto Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Alberto Gil, conocido como “Pegua”, quien trabaja desde hace diez años en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y está a cargo de “Sociedad de Fomento San Pedro” en Berazategui. Su actividad está vinculada a “Barrios de Pie” y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

“Si bien hasta el momento se han identificado 25 víctimas, se desconoce el tenor y la incidencia de la organización criminal a la que pertenecen los imputados -dijo la jueza a la hora de justificar la detención-. Rognoni, Heft y Gil podrían colaborar con quienes aún no fueron identificados hasta el momento como imputados, para dificultar su individualización. Asimismo, los aquí procesados amenazaron a las víctimas ya identificadas, además de extorsionarlas para lograr la concreción y el provecho de los delitos que las damnificaron, de modo tal que las medidas cautelares a imponer deben impedir que los damnificados sean hostigados”.

Todo comenzó en la noche del 5 de diciembre del 2019, en el interior de la sucursal del Banco de la Nación Argentina que está en avenida Callao al 100, a una cuadra del Congreso Nacional. Por ahí estaba el policía Diego Sebastián Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona y vio a dos personas dentro del banco que sacaban dinero de los cajeros con distintas tarjetas. Los sujetos se retiraron del lugar, pero a los dos minutos volvieron. Y siguieron sacando plata con diferentes tarjetas.

Ante la sospecha de que podían tratarse de tarjetas robadas, el policía buscó identificarlos. Eran que Rignoni y Heft. Al acercarse al cajero en donde estaba “Jota” Ragnoni, vio que la pantalla del cajero aparecía el mensaje: ´Bienvenido/a Alejand Claudia Araujo´. El policía no tuvo dudas de que algo andaba mal. Les ordenó apartarse de los cajeros y los revisó. Tenían en su poder al menos cinco tarjetas a nombre de personas que no eran ellos y que tenía con marcador indeleble, cada uno, un número de cuatro cifras: las claves. Además tenían unos 47 mil pesos en efectivo.

En ese momento, Rognoni y Heft quedaron detenidos y se ordenó allanarles la casa. Vivían en departamentos linderos en Berazategui. Cuando la policía revisaba el lugar, apareció Eduardo Gil, alias “Pegua”. Según consta en la causa, en la casa de “Jota” Rognoni se secuestró dos tarjetas de débito, 27 fotocopias de DNI y 27 constancias de CUIL, 12 planillas del Ministerio de Desarrollo Social con nombres, domicilios y firmas de gran cantidad de personas y tres cuadernos con los datos de varias personas y documentación. En su auto aparecieron otras 15 tarjetas de débito más. En la casa de Heft había una nota manuscrita que decía “MAXI TOTAL 156.000″, una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación.

En ese momento fueron excarcelados y quedaron procesados como coautores de defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades. Pero la investigación siguió su curso: se pidió documentación, se citó a declarar a los dueños de las tarjetas y se analizaron los teléfonos de los implicados. Y en base a eso, la jueza Provítola ordenó en las últimas horas ampliar la acusación a los tres sospechosos.

Hubo un dato que la jueza recién pudo comprobar mucho después, con el análisis de las antenas de sus celulares: “Pegua” se encontraba presente junto a sus dos cómplices al momento de extraer el dinero correspondiente al pago del subsidio que ilegítimamente le retenían a cada una de las víctimas el día que descubrieron a los otros dos implicados en el cajero del Congreso, señaló el fallo.

En sus indagatorias, todos se negaron a declarar. Ahora quedaron procesados y detenidos, bajo la modalidad de arresto domiciliario y con tobillera electrónica. Tiene prohibido contactar a cualquiera de las víctimas. Se descuenta que las defensas apelarán.

Qué dice el fallo

Según el fallo al que accedió lnfobae, “Jota” Rognoni, Maximiliano Heft y “Pegua” Gil fueron considerados miembros de una asociación que operó desde el mes de octubre de 2017 hasta, cuanto menos, el 05 de diciembre de 2019, en el ámbito de Capital Federal y las localidad de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes de la PBA, con la finalidad de defraudar y/o extorsionar a personas vulnerables que percibían los haberes correspondientes a los programas de “Argentina Trabaja” (“Salario Social Complementario”/”Ingreso Social con Trabajo” y “Hacemos Futuro”) y que, posteriormente, en el año 2020, se unificaron en el programa “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social.

De acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, los acusados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y recaudaron, al menos, tres millones de pesos. Cada uno de los titulares de las tarjetas de débito secuestrada, integraba una cooperativa sobre la cual tenían injerencia el trinomio conformado por Rognoni, Heft y GIl. “Pegua” era quien se encontraba a cargo de la “Sociedad de Fomento San Pedro”, uno de los lugares en donde las cooperativas de trabajo desarrollaban las tareas de mejora, para las cuales el Municipio entregaba mediante convenios parte del presupuesto asignado desde el Poder Ejecutivo Nacional.

De este modo, “Pegua” Gil “lograba ejercer presión sobre los beneficiarios del subsidio que captaba junto con “Jota” Rognoni y Heft”, dijo la jueza Provítola. La Sociedad de Fomento “San Pedro” -que se encontraba a su cargo- era un lugar habilitado para que las víctimas pudieran realizar las obras o trabajos exigidos como condición para cobrar el subsidio allí.

A través de la Sociedad de Fomento “San Pedro”, los imputados “ejercían el control absoluto de todas las personas que eran captadas para conformar las cooperativas de trabajo, dándole visos de licitud a la asociación ilícita de la que ellos eran parte”. La jueza estableció que, mediante división de roles y funciones, los acusados “lograban desplegar la parte del plan asignada a cada uno de ellos, que implicaba captar a las víctimas e inscribirlas en el Programa, con el único objeto de obtener, fraudulenta y mensualmente, la mitad de cada uno de los haberes que ellas percibían en ese marco y que cumplieran con las otras dos exigencias: captar a más víctimas y concurrir a las manifestaciones sociales cuando se lo indicaban, bajo apercibimiento de quitarles el beneficio otorgado”.

Según sostuvo, “Jota” Rognoni y Heft eran quienes extraían el dinero de las tarjetas de débito de las víctimas -cuyo PIN se encontraba anotado en cada plástico- y retenían el 50 por ciento de los haberes que por ley, le correspondía a cada uno de los beneficiarios del plan.

Cómo operaba la banda y qué le exigían a las víctimas

El trío simulaba “tener la facultad discrecional para otorgar el beneficio social a las víctimas; y/o para mantenerlos dentro del programa otorgado; y/o para quitarles el subsidio estatal”, dijo el fallo. Por ello, las víctimas se encontraban en situación de desventaja: creían estar obligados a cumplir con las exigencias que les planteaba: “la retención o entrega de la mitad del haber percibido de manera mensual; la concurrencia a presenciar manifestaciones sociales cada vez que ello les era requerido; y captar a más personas para ingresar a la cooperativa bajo las dos primeras condiciones indicadas”.

Así lo indican los diálogos a los que accedió la justicia y las declaraciones de los beneficiarios-víctimas. Así, “Jota” debía encargarse del traslado de las personas en algunas ocasiones y era quien llevaba provisiones, tanto de agua o alimentos, como las banderas y demás elementos que las personas que concurrían a las manifestaciones. En los celulares aparecían fotos de “Pegua” Gil y “Jota Rognoni con el movimiento Evita, con “Barrios de Pie” y a la CGT (Confederación General de Trabajo) en los partidos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes.

De acuerdo al fallo, los imputados corroboraban que los aspirantes a tener el beneficio y sabían las condiciones exigidas los inscribían. Al recibir el llamado oficial para ir a buscar al banco la tarjeta de débito para cobrar el haber, tenían que ir a la sucursal con alguno de ellos “a fin de realizar la primera extracción y con la única finalidad de intimar a sus beneficiarios bajo amenaza, para que les hicieran la entrega del dinero exigido”.

Desde ese momento, la persona perdía el control de su tarjeta de débito ya habilitada. Eran los implicados los que extraían el dinero y les daban mensualmente la mitad a los beneficiarios, según los casos corroborados. Por eso, el PIN se encontraba en cada uno de los 24 plásticos secuestrados. Una curiosidad: algunas claves eran las mismas. En otros casos, se encontraban mensualmente con las víctimas para que les entregara el 50 por ciento del haber percibido, “junto con el respectivo ticket de extracción” bajo amenaza de quitarles el subsidio.

En sus declaraciones, todos los testigos, a excepción de uno de ellos, aseguraron que “Jota” les retiraba el dinero de los cajeros automáticos en Capital Federal como una forma de “ayudarlos”, debido a que, de otro modo, les resultaba muy dificultoso percibir esos haberes en efectivo.

“Resulta pertinente destacar que, en todos esos casos, al prestar declaración testimonial, muchos lo hicieron con miedo y/o total desconocimiento de lo que implicaba el valor de su trabajo en la cooperativa, como así también, de las condiciones para formar parte del Programa y su finalidad. De lo expuesto entonces, se infiere que los beneficiarios del programa referido se encontraban, cuanto menos al momento de su inclusión, en una situación de vulnerabilidad social, económica e, inclusive, educacional, que los ubicaba en los sectores más excluidos dentro de la población”, dijo la magistrada.

Esa situación, añadió, “fue claramente aprovechada por los aquí imputados, para lograrlos hacer incurrir en el error de que ellos eran quienes podían resolver con respecto al dinero que percibían mensualmente”.

En uno de los puntos del fallo, la jueza alude a la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios. De acuerdo a los informes emitidos por el Banco de la Nación Argentina, NOSIS, la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro de la Propiedad Inmueble de CABA y la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, ninguno de los beneficiarios titulares de las tarjetas de débito secuestradas goza de una condición socio económica prominente.

“Sólo tenían como ingreso registrado, durante el período investigado en autos, el salario social complementario y algunos subsidios alimentarios -compatibles con el beneficio referido-, muchos de ellos, ni siquiera registraban la condición de monotributistas y, en cuanto al historial crediticio, contaban únicamente con tarjetas no bancarizadas. Ninguno de ellos registraba viajes al exterior durante el período investigado, a excepción de uno de ellos quien no sólo figuraba como incompatible para el Programa, por contar con trabajo registrado, sino que además, su viaje se limitó a una salida por medio terrestre a un país limítrofes”, se señaló.

Así las cosas, “Jota” Rognoni, Maximiliano Heft y “Pegua” Gil quedaron procesados con prisión preventiva como miembros de una asociación ilícita, que llevó adelante una defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado respecto de al menos 20 víctimas y el delito de estafa. Esa detención se cumplirá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.