El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores y, cuando ya se había cumplido el plazo prometido para avanzar con la medida, sacó un comunicado para anunciar que cumplirá esa promesa.

“De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas”, planteó el Gobierno nacional a través de un comunicado, que detalla:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
• Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Gualberto Domé, encargado del Registro del Automotor de Diamante y delegado en Entre Ríos ante la Asociación Argentina de Encargados de Registro, pone en cuestión ese comunicado y esos anuncios. “En principio, no hay ninguna norma legal que avale eso que se anunció. No tenemos nada”, advirtió durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

“Los Registros venimos desde hace más de 8 años promoviendo la digitalización, la actualización, que ingrese el sistema a la nueva era digital, para adecuarnos a los tiempos, y para hacerle más fácil la vida al usuario del Registro Automotor”, planteó. “Acá se habla de reducir un 40% el número de Registros. ¿A quién beneficia esa medida? ¿Lo beneficia al usuario, que entonces en vez de realizar el trámite en Victoria tendrá que viajar a Paraná? Creo que el beneficio no es para el usuario”, apuntó.

El Gobierno justifica sus anuncios y plantea los encargados nos hagamos cargo de los costos de funcionamiento de los Registros. Pero esto es lo que sucede. No es novedoso. Hace más de 64 años que funciona este sistema  y es ejemplo para el mundo. Es un sistema completamente inédito. La administración está a cargo de un particular, que se hace cargo de insumos, luz, alquiler, el gasto de personal. Los empleados no son empleados del Estado sino de una persona, el encargado del Registro. El Estado nacional no tiene ningún juicio porque los responsables exclusivos son los encargados de los Registros», observa Domé.

Además, sostuvo que los encargados de Registros acceden por concurso público de oposición y antecedentes. “Es un concurso público. Tiene normas ISO 3000 para garantizar todo el proceso. Y en el tribunal de examen hay un representante del Ministerio de Justicia, otro de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y otro de la Asociación de Encargados de los Registros. Y quienes concursan son abogados, escribanos, licenciados en Economía”, señaló.

Actualmente, en Entre Ríos hay 35 Registros de la Propiedad Automotor, de los cuales 11 están intervenidos, que según ha dicho el Gobierno son los primeros que cerrarían. Se los interviene por fallecimiento del encargado, por renuncia o jubilación. “Los encargados de Registros renuncian porque el sistema está desfinanciado -añade-. El último incremento, que por mes el Estado da para pagar sueldos, insumos, alquiler, fue en septiembre de 2023. y en el medio hubo inflación importante. A raíz de eso hubo encargados que renunciaron y no hay quien los suplente, porque la Dirección Nacional está explotada por falta de personal. A esos responsables de Registros no les han aceptado la renuncia y tienen que seguir”.