27 de Marzo de 2024 - 10:10

El abogado y ex subsecretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, se refirió a la condena que recibieron dos ex intendentes de Larroque por sobreprecios en una obra de pavimento. También opinó sobre el cierre de la televisión pública y la postulación de Ariel Lijo y Susana Medina para la Corte Suprema.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Virué admitió que “tuvo un costo importante, no tanto para uno que ha intervenido en la actividad política y que sabe que esto es parte del costo de participar en la actividad política, pero sí para una testigo muy importante que hubo en esto, que sufrió secuelas de orden personal porque había sido empleada de la Municipalidad y no tuvo más remedio que –al volver la gestión justicialista a Larroque en 2019- presentar su renuncia precisamente por el nivel de tensión a la que estaba sometida. Se trata de Maricel Pagano que fue quien, en su momento, declaró que la oferta más baja en aquel concurso de precios había sido de Szczech y que modificaron la cotización para adjudicársela a OIC SA, porque así estaba acordado previamente”.

“Larroque en el año 2015 tuvo dos licitaciones públicas en todo el año, una por 300.000 pesos y otra por 800.000 pesos, una para luminaria y otra en materia de construcción. Y esta obra, por 21 millones de pesos, se hizo por concurso de precios y se convocó a tres empresas, aunque presentaron ofertas solamente Szczech y OIC SA. Entonces, el costo para uno es una cosa, pero realmente reivindico a esta ciudadana de Larroque que tuvo la entereza de declarar lo que había visto y que sufrió las tensiones del caso una vez que regresó el justicialismo a la gestión comunal en el 2019”, apuntó.

Asimismo, destacó que “lo central es el reconocimiento de la culpabilidad por parte de Raúl Riganti, de Eduardo Hassell, de Norberto Marchesini, que tuvo un rol central en todo este tema y que tiene una pena menor, igual que Hassel. Y lamentablemente, en el marco del acuerdo quedó en un pie de igualdad Juan Carlos Rochelle que, si alguna responsabilidad tuvo, fue la omisión de cuidados en su rol de secretario de Obras Públicas, y que es una persona a la cual conozco toda la vida y de cuya honestidad no tengo la menor duda. Pero bueno, se hizo justicia de esta forma y los que reconocieron su responsabilidad, su culpabilidad penal en todo esto, tienen la oportunidad de reivindicarse en lo sucesivo, en el caso de que lleguen a la función pública, cumpliendo acabadamente con las funciones para las cuales pueden ser electos y no incurriendo nuevamente en este tipo de acciones que son las que desprestigian a la política en todas sus dimensiones”.

El abogado recordó también los casos similares al de Larroque denunciados en Basavilbaso, Santa Elena, Seguí y consideró que “era absolutamente un mismo sistema”. En ese sentido, remarcó que “en Larroque fue la primera ciudad donde se hizo una auditoría desde el punto de vista contable y jurídico y el tema era demasiado nítido. Surgía de la documental y no se requería mayor investigación para advertir todo este tipo de situaciones. Primero, porque se había violado una ordenanza y se había hecho un concurso de precios cuando el monto de la obra excedía, creo que 25 veces el monto máximo para un concurso de precios, y además antes de que presenten el seguro de caución para el anticipo de obra, percibieron el 25% del total de la obra. Y lo más curioso, y que no admitía ningún tipo de discusión desde el punto de vista jurídico, era que el seguro de mantenimiento de oferta que se requiere para presentarse a un concurso de precios o una licitación, estaba contratado 20 días antes, o bastante más, de que se convoque al concurso de precios, y por el importe exacto de la cotización. O sea, que OIC SA había contratado al Instituto del Seguro para mantener su oferta antes de que se convoque al concurso. Era una situación demasiado grosera desde el punto de vista documental”.

Ante esto, dijo que “siempre tuvimos, en general, la expectativa de que se iba a hacer justicia en este caso. Lamentablemente la demora por sucesivas dilaciones que se plantearon en los procedimientos, cambios de jueces, cuestiones técnicas de las imputaciones, y demás, demoraron ocho años. Pero, en definitiva, me parece también muy bien por parte de los imputados que hayan reconocido su responsabilidad penal en todo esto y que se sometan a la sociedad reconociendo que cometieron un delito en el marco de la función pública. Así que celebro esa situación porque también habla bien de ellos en este sentido”.

En cuanto al rol de las empresas y la continuidad de estas prácticas de corrupción, Virué sostuvo que “evidentemente había un concilio entre las empresas constructoras de la provincia para acceder a la obra pública y es un tema que, a la luz de todas estas cuestiones, no admite discusión. Los empresarios, como no revestían la calidad de funcionarios públicos en todos estos casos, accedieron a una suspensión del juicio a prueba para no someterse al juicio oral y público. Yo aspiro, y en esto tengo confianza en el actual gobernador de la provincia, en que esta suerte de concilio, de club de la construcción, como se denomina, termine de una vez y que, en definitiva, la obra pública se cotice al valor que realmente tiene y no con un sobreprecio precisamente para distraer fondos en situaciones non sanctas”.

“Espero que también los empresarios asuman su responsabilidad en todo esto y que en lo sucesivo no volvamos a tener cuestiones como ésta, donde se repartieron las obras a través de los concursos de precios. Y esta situación que denunció en el expediente criminal Maricel Pagano quien dijo que se cambió en 48 horas el monto para poder adjudicarle a OIC SA en lugar de adjudicarle a Szczech, porque evidentemente había habido una desconexión y había quedado un poco por debajo la cotización, lo cual evidencia que había un concilio entre las empresas. Entonces, espero que esto sirva también para reflexión de todos los intervinientes en la contratación pública porque, en definitiva, es dinero público que debería ir en beneficio de la comunidad y que termina yendo a manos que no les corresponden”, evaluó.

Rechazo a la postulación de Lijo

Por otra parte, Virué ratificó lo postulado en el documento firmado por un grupo de abogados y abogadas en contra de la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema y consideró que “un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe contar con los lauros, la honestidad de trayectoria y la capacidad científica porque es el que resuelve, en definitiva, todos los conflictos que pueden suscitarse en todo el territorio nacional. Con lo cual la propuesta de Ariel Lijo, que es un juez federal del sector de Comodoro Py, que ha tenido una intervención más que discutible en su trayectoria, flaco favor le hace a la independencia del Poder Judicial que acceda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que también me parece muy difícil ya que requiere los dos tercios de los votos del Senado de la Nación”.

En tal sentido, planteó: “Espero que el Presidente de la Nación retire ese pliego o, en definitiva, que el Senado lo rechace si lo llega a tratar”.

Asimismo, sobre la posibilidad de una postulación de la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina, sostuvo: “Personalmente, me gustaría que una persona que llegue a la Corte de género femenino reúna mayores calidades de orden científico y en la especialidad jurídica que corresponda para acceder a la Corte. No discuto las calidades de Susana Medina pero me parece que acceder al máximo tribunal del país no lo veo tampoco con buenos ojos”.

Cierre de la televisión pública

Consultado respecto del anuncio del Presidente Javier Milei de cerrar el sistema de televisión pública, y hasta vender los terrenos, Virué comentó: “Yo asumí como titular del Servicio Jurídico del Sistema Nacional de Medios en febrero del 2003, todavía en la Presidencia de (Eduardo) Duhalde y luego Ana Skalon –la fallecida esposa de Miguel Bonasso- se hizo cargo de la dirección ejecutiva de la parte que era periodística del canal e hizo un trabajo absolutamente impecable, de enorme pluralismo, y muchas de sus creaciones se mantuvieron en el tiempo”.

Al respecto, reveló que “todos los programas que se hicieron fueron con un presupuesto cero en orden al costo, porque hasta bien entrado el año 2007 Canal 7 tenía exclusivamente presupuesto para abonar sueldos, de manera tal que todas estas creaciones tenían un nivel de coproducción en la cual se coparticipaba la publicidad que el coproductor generaba en tanda –porque el segundo que no se vende en tanda, y Canal 7 tenía muy poca venta en tanda, es un segundo que se pierde-y no se coparticipaba la publicidad generada por el propio Estado a través de Télam. O sea, era publicidad que conseguía el privado”.

Y cuestionó que “ese nivel de independencia y de pluralismo que tuvo el Canal 7 fue lamentablemente prostituido a partir de la gestión de Tristán Bauer que le dio un tinte ideológico fanatizado cuyo emblema y paradigma fue 678. Entonces, esa situación generó una resistencia absoluta de la comunidad –salvo de los sectores que naturalmente estaban a favor de ese tipo de posiciones- y así llegamos a este extremo donde el Presidente de la Nación pretende liquidar la televisión pública, que es naturalmente un espacio que debe ser pluralista, donde deben tener cabida todos los sectores de la comunidad para pronunciarse y que la televisión privada no los cubre. Por supuesto que manifiesto mi absoluta y frontal oposición a cualquier tipo de liquidación o privatización tanto de Canal 7 como de Radio Nacional que están dentro hoy de la órbita de Radio y Televisión Argentina”.

En ese marco, ante el cierre de Télam, aclaró que “la diferencia es que Télam que originalmente también estuvo dentro del sistema nacional de medios fue creada por un decreto, mientras que Radio y Televisión Argentina está creada por la ley 26.522 que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, con lo cual cualquier tipo de decisión que se pretenda tomar a este respecto requiere la intervención del Congreso, porque no creo que tenga la arbitrariedad de resolverlo por vía de un DNU, que obviamente se va a cuestionar en su constitucionalidad”.

“La necesidad de una televisión pública de calidad, pluralista e independiente, me parece que es un imperativo de la hora en este momento”, concluyó.