El conflicto judicial que enfrenta la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo. Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una indemnización por hasta US$16.000 millones, los demandantes avanzaron con su reclamo ante la Argentina, que incluye un pedido para que se transfiera a su nombre el 51% de las acciones de la petrolera, que hoy pertenecen al Estado.

Así lo revelan documentos que los abogados de los fondos Eton Park y Burford -que realiza la demanda contra la Argentina en nombre de dos firmas fundadas por la familia Eskenazi (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora)- habían presentado en la corte de Loretta Preska. Se trata de pedidos que los demandantes hicieron con el requerimiento de que se mantuvieran confidenciales, algo que fue rechazado por Preska.

Según un fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, si bien se reconoce “la importancia del timing en los esfuerzos de aplicación de los demandantes”, en su intención de presionar a la Argentina para alcanzar un acuerdo o cobrar la indemnización mencionada, el planteo sobre la confidencialidad del reclamo es “especulativo”.

Según el documento firmado por Preska, la información sobre el caso, la titularidad de las acciones y el fallo sobre la indemnización “ha estado públicamente disponible por un tiempo”, por lo cual la corte “no está persuadida” por los planteos de los demandantes. En consecuencia, Preska les denegó la solicitud de confidencialidad.

La decisión de Preska revela, entonces, un fuerte planteo de los demandantes, que solicitaron formalmente la transferencia de la titularidad del 51% de las acciones de YPF que tiene el Estado. Sin decisión de fondo sobre el tema, Preska ya había reconocido que parte de ese paquete accionario (los títulos que están en manos del Estado Nacional y no la porción minoritaria que se asignó a las provincias en el marco de la expropiación -nunca se hizo efectivo ese traspaso-) podía ser tomado como garantía para evitar embargos, en el marco de la sentencia del año pasado, que obliga al país a pagar una indemnización de más de US$16.000 millones, publicó La Nación.

Se trata de un nuevo avance de los abogados de los demandantes, que semanas atrás habían acusado al país de “retacear información” sobre los activos del país en el exterior. Fue con un escrito de 122 páginas presentado ante la corte de la jueza Preska, donde los beneficiarios del fallo confirmado en 2023 argumentan que el país no está cooperando en el proceso de discovery de activos, una instancia judicial que apunta a identificar bienes u otros instrumentos que puedan ser embargados, mientras el país no cumple con la sentencia adversa. En otras palabras, los beneficiarios presionan para averiguar qué activos embargables existen, en un procedimiento que es consecuencia del fallo de 2023.

Fue un reclamo que los demandantes realizaron contra un conjunto de activos. Entre ellos, aparece inicialmente el 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino expropió a Repsol, aunque también consideran otras acciones de la petrolera en manos del Estado, o dinero depositado en cuentas, acreencias, activos u otros bienes financieros de más de US$1 millón. El listado de activos soberanos sobre los que pretenden avanzar los beneficiarios también incluye al swap con China (yuanes en poder del Banco Central) y concesiones que el Estado realizó para la explotación de energía, recursos naturales o infraestructura. A su vez, la presentación apunta a conseguir información sobre empresas estatales y sus bienes, como Arsat, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Banco Nación.

Esa presentación fue realizada por Burford Capital, el fondo legal radicado en Londres que se quedó con los derechos para litigar contra YPF y la Argentina que correspondían a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, las dos firmas con sede en Madrid (España), a través de las cuales la familia Eskenazi (Grupo Petersen) había comprado entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la española Repsol, en una operación también investigada en la justicia local.

Además de Burford y Eton Park Capital, existen alrededor de 40 demandantes, afectados por el caso de la expropiación.

La historia de un juicio millonario

El conflicto judicial se origina por una demanda que en 2015 inició el estudio inglés Burford Capital, luego de adquirir los derechos para litigar contra la Argentina a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

La demanda cuestiona la forma en que la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. Según los demandantes, cuyo argumento fue validado por la jueza Preska, el país no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el estado argentino) debía realizar también una oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas minoritarios de la empresa.

Tras el fallo de primera instancia de Preska, el 11 de octubre de 2023 el país había notificado a la jueza que apelaría. La magistrada había dispuesto que el país tenía plazo hasta enero para presentar el “primer escrito” con sus argumentos iniciales en el marco de la apelación.

Pero en el marco del cambio de Gobierno, el equipo de abogados del país solicitó una extensión. “La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024″, señala el escrito enviado por el Gobierno. Ante esa presentación, la justicia estadounidense decidió fijar la fecha límite para el 22 de febrero.

“Tenemos un problema porque no tenemos el dinero. No tenemos US$16.000 millones; esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, dijo el presidente Javier Milei en diciembre, en una entrevista con LN+, al referirse al caso de la petrolera.

Ayer fue finalmente la presentación formal de la nueva estrategia jurídica del equipo de abogados que representa al Estado Argentino en la causa, que acumula una serie de reveses y fallos adversos desde el inicio del juicio, con una sentencia en contra que implica el pago de una indemnización por hasta US$16.000 millones y la amenaza de embargos de sus activos. Se estima que entre julio y septiembre se realizará la audiencia pública, donde los abogados de ambas partes se verán cara a cara y deberán responder las preguntas de los tres jueves de la cámara.