El juicio oral y público contra el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, comenzó este lunes pasadas las 9.30 en La Paz, tal como estaba previsto. Aunque se especuló con una posible suspensión, dado que el presidente municipal estaba sin defensor, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo retomó la tarea a la que había renunciado, según pudo saber ANÁLISIS. No obstante, por la ausencia del imputado Adolfo Zenón Ortíz por problemas de salud, luego de un extenso cuarto intermedio, el proceso se suspendió hasta dentro de una semana.
Estuvieron en la sala Rossi y otros dos imputados, María Inés Martínez y Carlos Méndez, ex funcionarios municipales. La senadora provincial Patricia Díaz (PJ – La Paz), presidenta del Jurado de Enjuiciamiento y esposa de Rossi, acompañó sentada en primera fila.
También estuvieron los fiscales Álvaro Piérola y Santago Alfieri provistos de cajas de documentación y el tribunal conformado por Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio.
La causa contra Rossi se originó por una denuncia de quién gobernó Santa Elena entre 2015 y 2019, Silvio Moreyra (PJ), que lo acusó por haber pagado presuntos sobreprecios en una obra de 20 cuadras de pavimento. En su defensa, Rossi argumenta que no quiso “pagar coimas” y que en lugar de 20 cuadras por el mismo programa Más cerca hizo 27 cuadras de asfalto.
La empresa a cargo de los trabajos fue L&C, del empresario Néstor Szczech, quien también fue imputado como partícipe necesario y obtuvo el beneficio de suspensión de juicio a prueba (probation) junto a un ingeniero de la compañía.
Por ausencia de un imputado por razones de salud (se trata de un hombre mayor de 80 años), el tribunal dispuso el envío de un médico forense a constatar la situación hasta Santa Elena, por lo cual se pasó a un cuarto intermedio que se extendio por más de dos horas.
Reanudada la audiencia, la defensa solicitó que se determine de manera más exhaustiva la situación de salud de Adolfo Zenón Ortiz para saber si está en condiciones de participar del juicio, a lo que adhirió la Fiscalía.
Por decisión del tribunal, el juicio se suspendió hasta dentro de siete días para realizar al imputado los estudios necesarios para determinar su situación de salud y, especialmente, su capacidad cognitiva y de entendimiento.