Martín Gerlo
El clima que se vivía en la puerta de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital entrerriana anunciaba que la jornada no pasaría desapercibida. Militantes, curiosos y periodistas se concentraban a lo largo y ancho de la amplia calle 25 de Mayo, esperando la sentencia del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad desarrollado en la provincia: la Causa Hospital Militar. Adentro, personal de gendarmería controlaba el acceso a la sala “Juan Bautista Alberdi”, donde en pocos minutos se leería el tan esperado veredicto. Funcionarios y familiares de Sabrina Gullino fueron la prioridad.
Les siguieron las Organizaciones No Gubernamentales que vienen acompañando el proceso desde el comienzo. Los últimos lugares fueron para el periodismo.
Los imputados no se hicieron presentes. Los dos primeros bancos ubicados a la derecha del recinto fueron esta vez para el público. Julio Solanas, Blanca Osuna y Martín Uranga se ubicaron en uno de ellos. Atrás estaban Sabrina, Sebastián Álvarez y su tío Jorge Negro –acompañado por su esposa.
Pasados apenas 20 minutos de las 17, el Tribunal ingresó y comenzó la lectura de la sentencia. Roberto López Arango, en sólo tres minutos, le puso nombre a los delitos que durante tres décadas lograron permanecer impunes.
Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano fueron declarados coautores responsables del delito de sustracción de un menor de 10 años y de alteración o supresión del estado civil de los mellizos. A Zaccaría, por su parte, se lo encontró partícipe necesario de los mismos delitos. Las penas dispuestas fueron de 14, 13, 13, 11 y cinco años, respectivamente.
Marino Héctor González fue absuelto de los ilícitos que se le imputaron en la requisitoria de elevación a juicio. A su vez, se dispuso mantener los beneficios de prisión domiciliaria concedidos con anterioridad a Guerrieri y Zaccaría.
Las repercusiones
El ánimo entre quienes se convocaron para escuchar la condena a los represores no era el mejor. Si bien manifestaban su alegría por el logro que constituyó poner en el banquillo a los responsables de la desaparición de Raquel Negro y la apropiación de sus hijos, esperaban penas más severas, y la absolución de González a muchos les cayó como un baldazo de agua fría.
A decir verdad, fue el pedido de las querellas de juzgar a los imputados por desaparición forzada de personas lo que había generado expectativas. En los alegatos, sin embargo, el Ministerio Público Fiscal fue contundente al afirmar que se debía clasificar los delitos de acuerdo a la ley penal más benigna y vigente al momento de los hechos. La figura solicitada por los querellantes es de reciente incorporación al Código Penal.
En el festival popular realizado al término de la audiencia se percibió ese sentimiento encontrado: por un lado, la alegría que trajo la condena; por el otro, el descontento de que ésta no sea la esperada.
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