En cualquier supermercado de Entre Ríos con 50 pesos se puede comprar un kilo de pulpa, otro de pollo; un tarro de leche en polvo, una botella de aceite y tal vez un paquete de polenta. Si se contara con 80 pesos se podrían incorporar un par de estipendios más. Estos son los miserables valores que tienen los bonos –tarjetas ahora– PAF y PRAF, verdaderos certificados de pobreza y que han sumido al gobierno en un verdadero escándalo, que lo tiene a maltraer desde hace varios días. Imprudentemente, algunas bocas profanas se dispararon más de la cuenta y echaron luz sobre acuerdos políticos ya vencidos. Así, ahora, la interna de “abajo” arrastró a un nuevo desencuentro de los popes peronistas de la región. La actitud del titular de Sidecreer, Juan José Canosa, de respetar una orden del gobernador, de no hacer acusaciones sobre presunciones, tiene su explicación: peligra su cargo. El ministro Ángel Giano, en cambio, habló de una mala interpretación de los medios. Hoy por hoy, el principal sustento del pleito empieza y termina en Concordia, donde los “viejos bonos” deambulan entre un reciente pasado electoral y un presente y futuro cargado de internas. Los legisladores que olfatean denuncias “purificadoras” se pusieron en pie de guerra y van en la búsqueda de explicaciones que, en realidad, muchos ya conocen.
El espejo que refleja el proceder político en Entre Rios –que no se diferencia demasiado del resto del país– oculta en su contracara la verdad de la miseria. Lo que derrama la crisis como consecuencia del estallido financiero mundial y el advenimiento de un año electoral son motivos más que imperantes y motivadores para sostener el asistencialismo que se preocupa por mejorar su operatividad con mucho mayor entusiasmo que el que expone para combatir la pobreza estructural. De hecho, el escándalo que estalló por el tema de los bonos del Plan Alimentario Familiar (PAF) y del Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF) desde las mismas entrañas del poder no es un problema tan solo técnico, operativo o científico sino que se extiende también al manejo político. De allí las denuncias precipitadas que el ex gobernador Jorge Busti reprochó a viva voz y que el actual mandatario, Sergio Urribarri, intentó calmar reprendiendo a los funcionarios que luego de abonar el campo de sospechas quisieron atenuarlas con diferentes ocurrencias.
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