Luciana Dalmagro

Ajeno a cualquier tipo de cuestionamiento, Miguel Carlín opina que la militancia enriquece a un magistrado que encabeza el Poder Judicial. En diálogo con ANALISIS, repasa sus historias de estudiante, su rol como legislador y su llegada al STJ. Brega por la reforma constitucional y espera que el nuevo Código Procesal Penal “no nazca rengo”.

“Miguel Augusto Carlín, Member of the Supreme Court, E. R.”, se lee sobre en un cartón blanco sostenido por un portapapeles metálico que está en el macizo escritorio de madera rojiza. Detrás, el magistrado deja de lado por casi un par de horas anteojos y expediente para repasar su vida, verter opiniones y detalles sobre su trabajo y reflexionar acerca del rol actual de los magistrados ante el grabador de ANALISIS.

El despacho del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) está atiborrado de objetos. Tiene un amplio ventanal que da a calle Laprida, debajo del cual hay una pequeña estantería repleta. En la pared de enfrente, una vitrina con más libros. En una esquina, otra biblioteca llena de colecciones de libros jurídicos, reconocibles por sus lomos duros y brillantes, en tonos que van del rojo al bordó.

Las dos paredes restantes están cubiertas por más de 60 certificados y fotos enmarcados. Congresos, posgrados, imágenes de distintos momentos de la trayectoria del juez y fotos con colegas tienen su espacio en esos muros. En medio, un hombre muy parecido al magistrado mira fijo y sonriente detrás de un mostrador, entre piezas de tela. Se trata del padre de Carlín, hijo de inmigrantes ucranianos y judíos, en la tienda que atendió casi hasta su muerte en Basavilbaso. Huérfano desde los 14 años, fue lustrabotas y vendedor ambulante, hasta que logró instalar su propia tienda en el pueblo. Se casó y tuvo varios hijos, entre ellos el actual magistrado, que nació hace 64 años en Concepción del Uruguay, porque su madre había elegido una maternidad de esa localidad.

La mayoría de sus mejores amigos del secundario optaron por estudiar Medicina en Córdoba. Carlín eligió Derecho y también partió hacia esa ciudad, aunque la lógica indicaba que debía inscribirse en la UNL. Consiguió trabajo como ayudante en un estudio jurídico y retomó allí una actividad que lo seducía ya desde el secundario: la militancia, siempre en las filas del peronismo.

Ocupó diversos cargos en la estructura del Centro de Estudiantes de Derecho, fue delegado ante la Federación Universitaria Argentina (FUA) y consejero estudiantil. “Si sigo acá militando, no me recibo más”, reflexionó en 1967, cuando tenía 24 años y hacía seis que cursaba y pidió el pase a Santa Fe. Dejó de trabajar y de militar activamente, en un año rindió 11 materias, 11 en el siguiente, y en 1969 estaba recibido de abogado. Cuando ocurrió el Cordobazo, el 29 de mayo de ese año, no aguantó, se tomó un colectivo y volvió a Córdoba a luchar junto a sus compañeros. Ya había vivido con ellos épocas duras, como la muerte de Santiago Pampillón, en 1996, y esta vez tampoco quería quedar al margen.

Se reencontró en esos días con algunos compañeros de militancia: Julio Maier, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia porteño; Luis Marcó del Pont y Eduardo Valverde, funcionario del gobierno cordobés desaparecido desde el mismo 24 de marzo de 1976.

“Fue una de las etapas de la que conservo los recuerdos más gratos de mi vida”, confiesa. Y reflexiona: “La sensibilidad social, el compromiso con las libertades y los derechos humanos se me hicieron carne en esa época. Y quien vivencia e internaliza eso, no lo pierde más. Uno queda marcado de por vida y hay que darse cuenta de que es tan importante ser un alumno aplicado, estar siempre entre libros y concurrir a clases, como ir desarrollando en esos años de formación una actividad militante. Son cosas que hay que vivirlas, que no se encuentran en ningún libro”.

En el estudio

Apenas recibido, le ofrecieron el cargo de jefe de trabajos prácticos en la UNL. Aceptó y estuvo allí durante varios años, pero su actividad central fue el ejercicio de la profesión en el estudio jurídico que montó en Basavilbaso, donde era entonces el único abogado.

Al poco tiempo, en sociedad con un colega, armaron otro bufete en Concepción del Uruguay y no puede olvidar los numerosos viajes entre ambas ciudades por caminos de ripio y broza. Pero fue en Basavilbaso donde atendió su primer caso penal. Defendió al acusado de un homicidio calificado y, trabajo mediante, logró el cambio de calificación legal. “Homicidio simple, 9 años. Hay una enorme diferencia con la pena de prisión perpetua, así que recuerdo ese caso como un éxito profesional y no deja de asombrarme el coraje de esa familia que me fue a ver a mí, un abogado joven y recién recibido”, evoca.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)